En una comparecencia institucional, Torrent dijo que ese aplazamiento permite dar tiempo a que el Tribunal Constitucional resuelva todas las alegaciones presentadas a su decisión del pasado sábado de impedir una investidura a distancia del candidato independentista, que permanece huido de la Justicia española, informó Efe.
Tras conocer la decisión de Torrent, fuentes del Ejecutivo español insistieron en que el respeto a la legalidad y el aplazamiento del pleno, en el cual se iba a investir de manera fraudulenta a Puigdemont, "es la consecuencia obligada de la actuación del Estado de Derecho, tanto por la acción del Gobierno como de los tribunales".
En este sentido, argumentaron que, gracias al recurso que el Gobierno presentó en el Tribunal Constitucional el viernes pasado y las medidas cautelares dictadas por éste órgano, "se ha evitado que se hubiera producido una burla a la democracia española".
Además, el Ejecutivo remarca que los independentistas catalanes "saben que están obligados a cumplir la Ley, como el resto de ciudadanos", y reafirma su compromiso para seguir velando por defender la legalidad y las instituciones "en todo momento".
Minutos antes de que Torrent anunciara el aplazamiento de la sesión parlamentaria, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en una entrevista televisada, advertía de las responsabilidades en las que aquel y quienes le apoyasen incurrirían en caso de que siguiera adelante con el pleno de investidura.