Recuperada su libertad tras cumplir condenas por terrorismo y otros delitos, varios de ellos compiten este domingo en elecciones regionales y municipales.
El objetivo es usar el mismo sistema que antes despreciaron y buscar una amnistía general para centenares de "presos políticos", incluyendo al fundador de Sendero Luminoso Abimael Guzmán.
Su Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, MOVADEF, es pequeño. Los dos abogados de Guzmán lo dirigen desde una oficina en San Martín de Porres, una zona pobre de Lima, y realizan modestas marchas, se desgañitan pidiendo amnistía para sus presos y culminan sus jornadas con bailes andinos.
Pese a ser poco conocidos, la campaña del MOVADEF provoca inquietud. Algunos peruanos que conocieron el terror senderista temen un retorno al caos político si los candidatos ganan aunque sea a nivel municipal. Los analistas son escépticos de que realmente rechacen la violencia.
Aunque no están registrados como partido político, el MOVADEF tendrá el domingo por lo menos siete candidatos postulados por minúsculos partidos: seis en Puno, una pobre región altoandina fronteriza con Bolivia, y uno en Lima, en el distrito más poblado de Perú.
"La amnistía reconciliará al país", aseguró Vasty Lescano, la candidata más conocida, en una reciente entrevista con The Associated Press. "No queremos que se derrame más sangre", añade Lescano, una socióloga de 55 años.
Descendiente de una familia de hacendados y con un hermano legislador opuesto a sus ideas, Lescano estuvo 16 años en prisión por el delito de colaboración con el terrorismo. Se postula a la presidencia regional de Puno donde un sondeo la ubica cuarta entre 21 candidatos. Puno está ubicada a 860 kilómetros al sudeste de Lima.
No está claro cuántos ex rebeldes se han postulado para los comicios del domingo. La entidad electoral no pudo proporcionar la cifra pese a un pedido de la AP.
La ley peruana permite se postulen a cargos electivos ex convictos que han cumplido la totalidad de su condena y prohibe que terceros publiquen datos de condenas cumplidas.
Un decreto del gobierno el 2009 eliminó las reducciones de sentencia basadas en el buen comportamiento de las personas condenadas por delitos relacionados con el terrorismo.
Lescano comenta que la intención del gobierno es detener los intentos de activistas como ella para organizar a los pobres del Perú, un tercio de la población, contra una rica minoría que gobierna el campo desde Lima.
"El gobierno impide la acción revolucionaria de los maoístas", dijo. "No quiere que postulemos ni que salgan de la cárcel", añadió.
El presidente Alan García no les teme. La semana pasada, en respuesta a preguntas sobre la postulación de ex rebeldes, dijo: "el país rechazará siempre todo aquello que venga directa o indirectamente del terrorismo".
Lescano, vestida para la entrevista con la AP con una polera de motivos andinos, dice que la policía la sigue constantemente desde que salió en febrero de 2005 del Establecimiento Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos en Lima.
Indicó que los presos rebeldes sufrieron condiciones "subhumanas" en la década de 1990 hasta la huida al exilio en el 2000 del presidente Alberto Fujimori por escándalos de corrupción. Añadió que no se les permitía leer ni escribir.
"En la cárcel aprendí a coser con agujas hechas de espinas de pescado, sufrí, leí muchos libros y me convencí que solo el marxismo-leninismo-maoísmo permitirá progresar al Perú", dijo Lescano, una delgada pero enérgica mujer de cabellos negros y rizados.
Ella estuvo en prisión por esconder a su esposo, Edmundo Cox, un dirigente senderista condenado por terrorismo tras ser encontrado responsable de planificar asesinatos y paros armados y que no saldrá en libertad hasta 2028.
El principal objetivo de Movadef es liberar mediante una amnistía a 556 presos rebeldes incluidos Cox y Guzmán, el ex profesor universitario de 77 años que cumple condena a perpetuidad por asesinato y terrorismo agravado. Su captura en 1992 marcó el inicio del fin de Sendero Luminoso.
La amnistía que busca el MOVADEF liberaría no solo a senderistas, sino también a presos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Se aplicaría igualmente a cualquier persona en prisión por delitos relacionados con la guerra sucia, incluyendo a Fujimori, quien cumple una condena de 25 años por asesinato agravado, lesiones graves y secuestro.
La propuesta es impopular si se toma en cuenta la reacción en mayo de los peruanos tras la concesión de libertad condicional a la estadounidense Lori Berenson. Un posterior sondeo publicado por el diario El Comercio halló que el 74% estaba en contra de su excarcelación.
Berenson había cumplido 15 años de una condena de 20 años por el delito de colaboración con el terrorismo del MRTA.
Sin embargo, la justicia la devolvió a la cárcel en agosto porque su defensa no cumplió con informar oportunamente a la policía sobre el domicilio que ella tendría estando en libertad. Para muchos, Berenson llegó a simbolizar la imagen del terrorismo entre 1980-2000 en Perú.
La Comisión de la Verdad (CVR) determinó que Sendero Luminoso mató al 54% de las casi 70.000 víctimas que dejó el conflicto.
"Es muy difícil para los peruanos reconocer siquiera que los senderistas tienen derechos humanos", dice el historiador Nelson Manrique.
Esto podría ser menos cierto en Puno, donde Lescano promete un gobierno incorruptible.
"Votaré por Lescano porque es la única que no es corrupta", dice por teléfono a la AP Saúl Mamani, estudiante de 19 años de la Universidad Néstor Cáceres de Puno. "Aquí casi todas las autoridades se agarran el dinero del pueblo", comenta.
En la remota provincia puneña de Azángaro, Rojer Cruz busca convertirse por primera vez en alcalde.
Cruz, un declarado maoísta que también dice estar contra la corrupción, pasó 12 años en la glacial cárcel de Yanamayo, a 3.800 metros de altitud, condenado por terrorismo en un tribunal militar, sentencia que luego fue anulada el 2005.
Cruz, de 40 años, se ubica en segundo lugar en las encuestas pre-electorales en Azángaro, cuyos 136.000 habitantes son en su mayoría agricultores y ganaderos pobres de lengua quechua.
Él le dijo a The Associated Press en diálogo telefónico que no cree en los excesos de Sendero Luminoso.
"Los soldados son los que dejaron pueblos fantasmas", alegó.
Según la CVR, en todo Perú las fuerzas del orden son responsables de 37% de las muertes en el conflicto. En Puno, determinó que Sendero Luminoso mató a 309 personas frente a 51 víctimas de los uniformados.
Con la esperanza de presentar candidatos en las elecciones legislativas de abril próximo, el MOVADEF está tratando de reunir las más de 145.000 firmas necesarias para su registro a nivel nacional.
En Lima su candidato a la alcaldía en el extenso y pobre distrito de San Juan de Lurigancho está en un lejano noveno lugar de 17 postulantes, según un sondeo de una encuestadora en septiembre.
El historiador Manrique piensa que el MOVADEF acata las orientaciones de Abimael Guzmán.
Después de todo, dice que Guzmán ordenó a sus partidarios "terminar la guerra y encontrar una salida política que incluya la inserción de Sendero Luminoso como una organización política".
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