Libertad bajo fianza a la periodista peruana acusada de espiar para Rusia

Pelaez, que trabaja como columnista para el periódico latino El Diario, permanecerá bajo arresto domiciliario y controlada permanentemente por dispositivos electrónicos, según la medida dictada por el tribunal de Nueva York que instruye su caso. No obstante, los otros nueve acusados de haber trabajado para el Gobierno ruso seguirán bajo custodia estatal.

La Fiscalía de Estados Unidos aseguró este jueves que dispone de pruebas "abrumadoras" contra las diez personas detenidas e informó de que se había descubierto un fondo de 80.000 millones de dólares en un depósito de seguridad perteneciente a Pelaez y a su marido, Julio Lázaro, también acusado de trabajar como espía para Rusia.

Las vista de Lázaro en el tribunal neoyorquino fue retrasada hasta este viernes, igual que ha sucedido con las audiencias de los acusados Michael Zolotti, Patricia Mills y Mikhail Semenko, cuyo caso está siendo estudiado hasta el momento por una corte del estado de Virginia.

Quienes sí comparecieron ante el juez Ronald Ellis en Nueva York fueron Richard y Cynthia Murphy, a los que el juez ha negado la libertad condicional debido a que existen pruebas "sólidas" de que "trabajaban como agentes para un gobierno extranjero" y de que habían utilizado identidades falsas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el pasado lunes el desmantelamiento de una red de espionaje financiada por el Kremlin que tenía por objetivo reclutar fuentes políticas estadounidenses y recopilar información para el Gobierno ruso.

Las autoridades norteamericanas han presentado cargos de espionaje, conspiración y blanqueo de dinero contra once presuntos miembros de esta célula, diez de los cuales fueron detenidos el domingo en Boston, Nueva York, Nueva Jersey y Virginia. El undécimo supuesto integrante de esta red fue detenido en Chipre.

El grupo, bautizado como 'Los Ilegales', fue formado por la agencia rusa de espionaje SVR y tenía como misión penetrar en Estados Unidos y asumir identidades falsas --que en algunos casos pertenecían a ciudadanos estadounidenses que ya habían fallecido--, según la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia.

En algunos casos los miembros de esta red actuaban como matrimonios y su objetivo era el de adaptarse en la sociedad estadounidense hasta que pudieran hacer contactos con personas que formaran parte o pudiesen infiltrarse en los círculos políticos de decisión de Estados Unidos.

El 'Programa de Ilegales' fue creado por el SVR no sólo en Estados Unidos sino también en otras naciones. Utilizando identidades falsas de ciudadanos o residentes legales en los países en los que eran enviados de misión, los 'ilegales' vivían, trabajan, tenían hijos e incluso cursaban estudios de posgrado en universidades, todo ello financiado por el Gobierno ruso.

NOMBRES FALSOS Y VÍDEOS
Los fiscales estadounidenses han informado de que Lázaro admitió durante su interrogatorio que había utilizado un nombre falso y que había nacido en Rusia, y no en Uruguay como había dicho inicialmente.

Los abogados del Estado también dijeron tener "devastadoras" imágenes tomadas por vídeos y cámaras de seguridad en las que se veía a Richard Murphy reuniéndose con un funcionario ruso en 2004. Además, señalaron que Murphy estaba planeando viajar a Rusia este año con un pasaporte falso irlandés y un nombre diferente.

El matrimonio Murphy llevaba en apariencia una vida normal en un suburbio de Nueva Jersey junto a sus dos hijos pequeños. Cynthia viajaba cada día a Nueva York, donde trabajaba para una firma financiera, empleo que compaginaba con sus tareas de espionaje para Rusia, indicaron los fiscales.

Los fiscales también afirmaron que disponen de un video que demostraría que Pelaez se reunión con un alto cargo del Gobierno ruso en América Latina, un encuentro en el que intercambiaron dinero. Asimismo, los abogados del Ministerio Público cuentan con más de 100 mensajes entre los Murphy y sus enlaces rusos.

Las audiencias previstas para este jueves en Boston de otros dos acusados, Donald Heathfield y Tracey Lee Ann Foley, también han sido aplazadas. El abogado de Heathfield, Peter Krupp, señaló que el caso carecía de pruebas. "Básicamente sugiere que los acusados fueron capaces de infiltrarse en vecindarios y en fiestas privadas", indicó ante los medios.

Los acusados de Boston vivían cerca de la universidad de Harvard. Heathfield trabajaba como consultor mientras que Foley estaba empleada como agente inmobiliaria, según los medios locales. El hombre detenido en Chipre ha logrado fugarse poco después de ser puesto en libertad bajo fianza.