Miércoles 22 de octubre de 2014
El 73 por ciento de los casos de discriminación y crímenes de odio contra personas transexuales, lesbianas y homosexuales registrados en Perú fueron cometidos por funcionarios del Estado, según un informe presentado esta semana en Lima.
En concreto, de los 74 casos recogidos por el "Informe anual sobre derechos humanos de personas trans, lesbianas, gays y bisexuales (TLGB) en Perú 2009", 13 fueron ocasionados por personal del Ministerio de Salud, siete por las fuerzas del orden y otros dos por centros penitenciarios.
El informe, realizado por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) y la Red Peruana TLGB, tiene como objetivo realizar un balance sobre el cumplimiento y omisiones del Estado peruano en relación a los derechos del colectivo, siendo éste el segundo año consecutivo que se realiza.
Precisamente, el informe presentado hoy muestra respecto al del año pasado que los casos de asesinatos reportados en los medios de comunicación se han duplicado, lo que para el relator del informe, Martín Jaime, "no es una cifra representativa, pero sí muestra una tendencia clara de los casos".
Jaime explicó las dificultadas encontradas para elaborar el informe, derivadas de la "escasa información y oficial" y "la falta de denuncias tanto en el sector público como en el interior del mismo movimiento".
"Lo que nos lleva a una primera recomendación, que las instituciones del Estado articulen la manera de contabilizar los casos de discriminación y crímenes de odio", agregó el responsable del informe.
Esta situación acarrea que los datos presentados hoy adolezcan de un claro "subregistro", señaló a Efe Jaime, algo que en los últimos años se ha intentado remediar gracias a los esfuerzos de la comunidad TLGB peruana para "visibilizar lo que siempre ha existido".
El informe destaca algunos avances realizados por el Estado, como dos sentencias dadas por el Tribunal Constitucional en relación a los derechos de esta minoría y las ordenanzas que se han dado en algunos municipios del país, aunque éstos continúan siendo una mínima porción, según Jaime.
Además se recogen varias recomendaciones, entre las que destacan la petición que se realiza al Congreso para que apruebe los proyectos de ley que existen relacionados con este tema o la invitación al Ministerio de Justicia para que el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos incluya la orientación sexual y la identidad de género.
Promover estas políticas por parte del Estado permitiría, según Jaime, no solo que los derechos de los TLGB sean respetados, sino que se desarrolle el respeto hacia estas persona por parte de la sociedad peruana, una de las grandes carencias del país.
"Y esto genera un caldo de cultivo donde las personas sienten que pueden discriminar o violentar a las personas TLGB sin recibir ningún tipo de castigo o pena. Se genera una sensación de impunidad, extendida en la sociedad peruana porque no existe una relación entre el delito y la pena", agregó Jaime.
La presentación del informe también fue aprovechado por las organizaciones presentes para otorgar unos premios anuales que reconocen a las personas que trabajan por la mejora de la situación del colectivo.
Así, el abogado Ronald Gamarra fue premiado por su apoyo, que ha conseguido que organizaciones de TLGB estén presentes en el Consejo Nacional de Derechos Humanos.
También fue galardona Yefri Peña, transexual que en 2007 entabló un proceso judicial contra dos oficiales de la policía por no prestarle ayuda mientras era objeto de una paliza, y cuyo caso ha sido el primero relacionado con un crimen de odio fallado en Perú.