El Contralor General, Julio César Turbay, calificó este martes como "indigna y degradante" la situación de al menos 22.000 reclusos que están hacinados en las cárceles colombianas.
Miércoles 22 de octubre de 2014
El funcionario entregó en la jornada un informe en el que la Contraloría, o quien vigila la gestión fiscal de la administración y de oficinas con manejo de recursos públicos, tras varias visitas a los centros de reclusión, evaluó su estado y las condiciones de los 76.471 internos que componen la población reclusa "intramuros".
La Contraloría, en cuyo informe no figuran las 20.170 personas bajo detención domiciliaria, describió que algunos reclusos en distintas prisiones del país carecen de atención médica, el suministro de agua es deficiente y que la infraestructura de las cárceles fue diseñada para albergar a unos 55.000 presos pero alberga a los 76.000, con ese hacinamiento de los 22.000 prisioneros.
"No es nada halagador el análisis que hemos hecho de la situación de las cárceles colombianas, especialmente con lo que tiene que ver con el hacinamiento, las políticas de resocialización, con la calidad de vida, con las condiciones dignas de los internos", agregó Turbay en un foro organizado por una universidad para tratar el tema carcelario.
Miguel Ceballos, viceministro de Justicia, reconoció las falencias señaladas por el contralor, pero dijo que se debían en parte a "muchos años de atraso en la actualización de la infraestructura carcelaria".
Ceballos, quien también participó en el foro, dijo que precisamente para paliar ese hacinamiento y por disposición de una alta corte colombiana, el Estado construye actualmente 11 nuevas prisiones y que estarán listas en agosto del 2010.
Esas nuevas cárceles podrán albergar a los más de 22.000 reclusos, dijo Ceballos, explicando que el costo del proyecto de construcción es de más de un billón de pesos (unos 500 millones de dólares).
La mitad de los fondos, o medio billón de pesos, los aportó la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) o la oficina nacional que maneja bienes incautados a narcotraficantes. Y en ese medio billón, una parte corresponde a dineros obtenidos con la venta de al menos 436 activos, como fincas y departamentos, de un extinto narcotraficante, Gonzalo Rodríguez Gacha, abatido por las autoridades en diciembre de 1989, explicó telefónicamente Omar Figueroa, director de la DNE.