No contento con la polvareda levantada por la sentencia contra el diario EL UNIVERSO (ahora en fase de apelación), que ya comentamos en nuestro artículo "Correa trata de amordazar a los medios de comunicación social" del pasado mes de agosto LINK, la ha emprendido ahora contra la libertad de los medios, no solo en el frente interno sino también en el exterior.
En el interno lo ha hecho inicialmente aprovechando el trámite legal en torno la modificación de la "Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia" (abril de 2009), y aplicando el derecho de veto del ejecutivo tras el trámite parlamentario. La reforma fue aprobada por la Asamblea a finales del pasado diciembre gracias a la mayoría parlamentaria de Alianza PAIS (A.P.), la coalición que llevó a Correa a la presidencia. Con esta reforma se trataba de otorgar mayor equidad y transparencia al proceso electoral mediante una serie de medidas entre las que se incluye el método a utilizar para asignar los escaños en la Asamblea; incorporar la infracción con ocasión de acoso y violencia contra las candidatas (en las pasadas municipales 200 mujeres denunciaron haberlo sufrido); la simultaneidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Enviado el proyecto al ejecutivo el presidente lo devolvió a los pocos días con la sorprendente aplicación del derecho de veto (art. 137 de la Constitución) e incorporando varios artículos, el más polémico de los cuales reza así : "Los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier forma de mensaje que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o posturas políticas". Igualmente prohíbe la propaganda y publicidad estatal salvo las informaciones de programas y proyectos de habilitación de vías de comunicación, campañas de prevención, etc.
Según el presidente "no se prohíben las entrevistas, no se prohíben los reportajes; otra cosa son los reportajes para hacer propaganda camuflada para beneficiar a un candidato y perjudicar a otro".
La polémica estaba servida. Todos los medios de comunicación ecuatorianos, obviamente salvo los oficialistas, consideran la ley como una mordaza informativa por lo que la Unión Nacional de Periodistas presentó inmediatamente una demanda solicitando medidas cautelares, a la que se sumaron la Asociación de Editores de Periódicos y el Foro de Periodistas, con la intención de que el texto vuelva a la Asamblea y evitar que se envíe al Registro Oficial. Pero, nuevo "pucherazo": la jueza que lleva el caso informó que ha solicitado la opinión ¡del presidente Correa! y del presidente de la Asamblea F. Cordero.
La pregunta inmediata es obvia: si Correa deseaba un articulado como el que ha decidido ¿por qué no lo hizo en la Asamblea a través de sus parlamentarios de A.P.? Lo más probable es que no lo hiciera a sabiendas de que tal articulado provocaría el rechazo de la Asamblea incluidos muchos de los componentes de su coalición y con la estratagema legal del veto presidencial consigue puentear al poder legislativo.
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A todo ello se suma la fundada sospecha de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) modificará el calendario de las próximas elecciones, previstas para el 20 de enero de 2013, retrasándolas para que pueda transcurrir el año que la legislación ecuatoriana establece entre la promulgación de una ley y su entrada en vigor. Y así el presidente de la Asamblea ha manifestado que la única fecha firme es la toma de posesión del nuevo presidente que debe ser el 24 de mayo de 2013 a partir de la cual se establecerá un cronograma regresivo que no será confeccionado por el CNE, que parecería lo lógico, sino ¡por técnicos especializados!.
Todo esto se suma al debate en la Asamblea de la nueva Ley de Comunicación que "garantizará sobre todas las cosas la libertad de expresión, de opinión y de prensa que es lo fundamental en un país democrático" según el susodicho presidente de la Asamblea F.Cordero quien admite se están produciendo demoras importantes en su tramitación.
No contento con todo ello, el gobierno ecuatoriano ha presentado al Consejo Permanente de la OEA tres propuestas para modificar la "Relatoría para la Libertad de Prensa" del citado organismo que ha sido crítica con la situación ecuatoriana: primero, que los informes no se hagan por países sino con carácter general lo que parece totalmente ilógico; segundo, la reducción drástica de los recursos económicos asignados a la citada Relatoría, lo que sumado a la tercera propuesta que es el establecimiento de un Código de Conducta la haría totalmente ineficaz. En esta semana el citado organismo deberá pronunciarse al respecto.
También en el exterior crecen las críticas al gobierno ecuatoriano por su tratamiento de los medios y no sólo puntualmente por parte de algunos rotativos sino por organizaciones tales como Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha decidido revisar la sentencia contra EL UNIVERSO, o la Asociación Mundial de Periodismo que ha manifestado su preocupación por la nueva ley electoral que pretende imponer Correa.
A las demandas de la oposición se han sumado algunos oficialistas con Cordero a la cabeza que coinciden en la necesidad de esquivar el derecho de veto del ejecutivo que anula la división de poderes. La coalición A.P. hace aguas por todas partes y estos enfrentamientos pueden poner en peligro la estabilidad nacional y regional.
Pero los ecuatorianos están "muy bien informados" ya que el ejecutivo cuenta con 5 canales de televisión, 4 emisoras de radio, 2 periódicos y 4 revistas que vocean continuamente las consignas patrioteras del presidente.
Si (
No(
