"La decisión del Gobierno argentino es un acto grave, contrario a la vigencia irrestricta de los derechos humanos y ofensivo hacia el país que lo requiere. Representa una afrenta para las democracias de la región", señaló la UCR en un comunicado.
La Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de Argentina otorgó este jueves el beneficio de refugio político al ex líder de la guerrilla Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), reclamado por Chile por el asesinato del senador derechista Jaime Guzmán, cometido en 1991.
La decisión de la Conare se conoció horas después de que Chile advirtiera a Argentina que considera la extradición de Apablaza como un "asunto de Estado" y señalara que no encontraba "explicación razonable alguna" para que se le concediera asilo político.
"Negarle la extradición de quien es imputado de haber cometido un delito común, como lo ha determinado recientemente nuestra Corte Suprema de Justicia, significa desconocerle su aptitud para juzgarlo con todas las garantías del debido proceso", señaló el radicalismo.
"Es considerarlo un Estado de rango inferior en cuanto a su calidad institucional, un mensaje de un cinismo inadmisible para cualquiera que conozca la situación que en esa materia existe a uno y otro lado de la Cordillera de los Andes", enfatizó la fuerza opositora.
En este sentido, la UCR repudió la medida y consideró que la decisión de Argentina se debe a "la antipatía por la víctima y la simpatía por el victimario" que deriva en "una bochornosa complicidad frente al crimen" de Guzmán.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, calificó hoy de "golpe a la causa de los derechos humanos en Chile" la decisión argentina de conceder refugio político a Apablaza.
Chile solicita a Argentina la extradición del ex guerrillero desde 2005, a petición de la Corte Suprema, que lo reclama para procesarlo por los delitos de asesinato y secuestro.
Apablaza estuvo detenido ocho meses en 2004 en Buenos Aires, pero fue excarcelado al año siguiente, cuando el juez federal Claudio Bonadío rechazó su extradición a Chile, que luego apeló el fallo a la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal de Argentina autorizó recientemente la extradición del ex guerrillero, pero aclaró que esta decisión quedaría anulada si se le concedía asilo político.
El caso ha generado controversia en el Gobierno argentino, que por un lado ha recibido presiones de organismos humanitarios para aceptar el asilo político, pero también los reclamos de la oposición para que diera luz verde a la extradición.
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